Realidad.PE | noticias relevantes de Perú
“Este Gobierno regional, con todas sus faltas, actúa dentro de la legalidad. Denunciará a todo el que tenga que denunciar y actuará de manera transparente y evidente”, dijo el gobernador Jean Paul Benavente, acotando categóricamente las sospechas de corrupción en los proyectos realizados bajo la modalidad de trabajo y capacitación del IOARR.
Destacó que había dispuesto que el Ministerio Público estatal presentara los informes correspondientes ante los órganos de control estatales competentes.
En conferencia de prensa, exigió a la Contraloría General de la República, Control Interno y Fiscalización, realizar la investigación del caso y acreditar las medidas penales y administrativas tomadas sobre este tipo de denuncia periodística. “En estos momentos difíciles de la pandemia, cuando nuestra región requiere unidad y liderazgo, nos dedicamos a este tipo de acciones”, lamentó.
Respecto a la obra del IOARR, precisó que su ejecución apunta a mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud con ocho proyectos con una inversión de 51 millones de soles en 6 provincias para combatir el COVID-19.
El Hospital Regional, Hospital Antonio Lorena, Hospital Quillabamba, Hospital San Juan de Kimbiri, así como los Centros de Salud de Anta, Urubamba, Paucartambo y Yanatile (Calca) son los proyectos en curso.
Explicó que estas obras tienen tres componentes básicos: infraestructura, equipamiento y mobiliario. “En estos tres componentes se han realizado 29 procedimientos de contratación bajo el Decreto de Urgencia 102, que delega facultades a la Gobernación en esta emergencia”, dijo.
Precisó que de los 29 juicios, 9 tienen problemas con el ente regional, mientras que 2 contratos han sido resueltos en su totalidad y otros 7 parcialmente resueltos. “Se han impuesto sanciones en los 9 casos e incluso se están aplicando fianzas en el marco de la normativa”, afirmó.
Benavente García aseguró que en estas 8 obras el avance físico promedia el 70% y el avance financiero alcanza el 30%, lo que significa que aún queda por pagar el 40% para compensar el avance. “El gobierno regional interpuso las demandas contra las empresas que intentaron defraudar al gobierno regional. No se pagó nada”, dijo.
Reiteró que a pesar de errores administrativos o medidas administrativas y/o penales, la administración regional actúa en el marco de la transparencia y la integridad.
La autoridad cusqueña indicó además que la Fiscalía General del Estado en el tema de capacitación (asesoramiento) estaba iniciando acciones judiciales contra los responsables por incumplimiento del deber.
Al respecto, el fiscal Pedro Galicia Pimentel dijo que 12 funcionarios del gobierno regional han sido imputados por supuestas contrataciones ilegales.
Indicó además que se destaparon 5 consultas irregulares; 3 de ellos fueron denunciados ante las autoridades correspondientes. “Todos los involucrados en la cadena de contratos están siendo investigados”, dijo.
También explicó que se han tomado tres medidas de emergencia para salvaguardar los intereses de los cusqueños. El primero se relaciona con iniciar un arbitraje por incumplimiento de contrato, así como reclamar daños y perjuicios en procesos civiles. Además, la correspondiente denuncia penal. “Estas empresas están causando un perjuicio económico al Gobierno regional al no cumplir con los contratos”, dice el Jurisconsulto.
-
-
-
-
