“Este gobierno regional está lidiando con las fallas que pueda tener dentro de la ley. Denunciará a todo aquel que tenga que denunciar y actuará de manera transparente y contundente”, dijo el gobernador Jean Paul Benavente, al definir categóricamente indicios sospechosos de corrupción en proyectos realizados bajo las modalidades de trabajo y capacitación del IOARR.
Señaló que había dispuesto que la fiscalía regional interpusiera denuncias ante los órganos de control estatales correspondientes.
En conferencia de prensa, solicitó a la Contraloría General de la República, Control Interno y Fiscalización, investigar el caso y acreditar las medidas penales y administrativas adoptadas en relación con este tipo de denuncia periodística. “En estos tiempos convulsos de la pandemia, donde nuestra región requiere unidad y liderazgo, estamos comprometidos con este tipo de acciones”, lamentó.
Sobre el trabajo del IOARR, afirmó que su implementación tiene como objetivo mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud con ocho proyectos con una inversión de 51 millones de soles en seis provincias para combatir el COVID-19.
El hospital regional, el hospital Antonio Lorena, el hospital de Quillabamba, el hospital San Juan de Kimbiri y los centros de salud de Anta, Urubamba, Paucartambo y Yanatile (Calca) son los proyectos en curso.
Explicó que esta obra consta de tres componentes básicos: infraestructura, equipamiento y mobiliario. “En estos tres componentes se realizaron 29 procedimientos de contratación bajo el Decreto de Urgencia 102, que delega facultades a la Gobernación en esta emergencia”, dijo.
Precisó que de 29 procesos, 9 tenían problemas de unidad regional, 2 contratos se habían resuelto en su totalidad y otros 7 se habían resuelto parcialmente. “Se impusieron sanciones en los 9 casos e incluso se realizan garantías en el marco de la normativa”, dijo.
Benavente García, afirma que en estos 8 trabajos el progreso físico promedia el 70% y el progreso financiero llega al 30%, lo que significa que se debe pagar el 40% para compensar los anticipos. “El Gobierno regional ha interpuesto las demandas contra las empresas que intentaron defraudar al Gobierno regional. No se pagó nada”, enfatizó.
Reiteró que a pesar de errores administrativos o medidas administrativas y/o penales, la gestión regional actúa en el marco de la transparencia y la integridad.
La Autoridad del Cusco también informó que la Fiscalía Regional en materia de capacitación (consultas) había iniciado las denuncias contra los responsables de la omisión de funciones.
Al respecto, el fiscal Pedro Galicia Pimentel dijo que 12 funcionarios del gobierno regional habían sido denunciados por supuesta irregularidad laboral.
También mencionó que se descubrieron 5 centros de consejería irregulares; 3 de estos fueron reportados a las autoridades pertinentes. “Todos los involucrados en la cadena de contratación están siendo investigados”, dijo.
Asimismo, manifestó que se han tomado 3 medidas de emergencia para proteger los intereses de los cusqueños. El primero se relaciona con la presentación de arbitraje por incumplimientos de contrato, así como reclamos por daños y perjuicios en litigios civiles. Además, el correspondiente informe en el proceso penal. “Estas empresas, que no pueden cumplir con los contratos, están causando un daño moral al gobierno regional”, dijo el abogado.
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